Un proceso formativo para la soberanía alimentaria

Argelia Torres Rivera

Prenotados

En las últimas décadas, la demanda de alimentos por parte de la población mundial ha crecido de tal manera que ha puesto el tema de la lucha contra el hambre como uno de los temas centrales en la agenda internacional. El ingenio humano ha intentado dar respuesta al reto del hambre mediante una serie de avances tecnológicos y políticas internacionales para la producción de alimentos, sin embargo, en el contexto neoliberal más allá del tema del hambre, las demandas del mercado alimentario ligadas a la demanda de energía, está sometiendo a los sistemas agroalimentarios a una serie de presiones estructurales que comprometen la capacidad de producción de manera sostenible.

El crecimiento de la demanda de cultivos energéticos obliga a un incremento en la ocupación de tierras para la producción intensiva. Por el lado de la demanda, la Organización de las Naciones Unidas, FAO, anticipa un incremento de doscientos millones de toneladas de granos para alimento de ganado en los próximos diez años, mientras que por el lado de la oferta, los rendimientos físicos de los cultivos han decrecido gracias a los efectos del cambio climático sobre los recursos naturales para uso productivo. (FAO, 2012).

Esta lógica del modelo productivo agrícola actual, privilegia los valores de cambio sobre los valores humanos: la producción de alimentos está orientada a producir valores de cambio que aportan las máximas ganancias posibles al mercado, en vez de orientarse a producir valores humanos como el derecho a la alimentación (Rubio, 2014 y Otero, 2014). El derecho a la alimentación fue reconocido por las Naciones Unidas como un derecho humano por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y ratificado por 160 Estados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1966, que en el artículo once define como: “El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla” (Observación 12, CESCR, 1999)

Los estados firmantes están obligados a respetar el acceso a una alimentación adecuada, a proteger a las personas en materia de alimentación frente a violaciones de terceros y a facilitar los medios que garanticen la alimentación. Cómo cualquier otro derecho humano, el derecho a la alimentación debe ser garantizado por los gobiernos y sus regulaciones; sin embargo, en los hechos la alimentación parece ser únicamente un objetivo social deseable para gran parte de la población en situación de pobreza y las regulaciones para garantizarla no contemplan el establecimiento de mercados equilibrados que permita a los productores de alimentos el acceso a los recursos necesarios para poder sobrevivir.

Soberanía alimentaria o seguridad alimentaria.

En este escenario internacional, aparecen dos discursos que entran en debate entre sí: la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria. La soberanía alimentaria es un término popular que fue presentado por parte de las organizaciones civiles asistentes al Foro Mundial para la Seguridad Alimentaria en Roma, Italia, en 1996 y acuñado por Vía Campesina en 2012. Este término ha generado debate debido a su carácter político, ya que reivindica el derecho de los pueblos a la tierra y a producir sus propios alimentos, llevando a posturas contrarias a negarlo como precepto viable y a apostar en su lugar a la seguridad alimentaria, concepto utilizado por los organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Este concepto integra las nociones de disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad de alimentos enunciando indicadores internacionales como como el acceso y la disponibilidad de alimentos, la diversidad de la dieta y el acceso al agua, entre otros.

Las posturas a favor de la soberanía alimentaria aseguran que la seguridad alimentaria es una condición de la seguridad alimentaria y que ésta sólo existe cuando se logra la independencia alimentaria de la población. Por el contrario, en el planteamiento de la seguridad alimentaria, la sostenibilidad de la alimentación está sujeta a los mercados financieros que determinan y disponen la accesibilidad de los alimentos.

Quienes apuestan a favor de la soberanía alimentaria, argumentan que la seguridad alimentaria deja de lado cuestiones fundamentales para la subsistencia de los productores de alimentos tales como el quién, dónde y cómo se producen y distribuyen los alimentos, y que este planteamiento da pie a la implementación de políticas públicas de carácter asistencialista y de alta dependencia a las importaciones.

Quienes argumentan a favor de la seguridad alimentaria, subrayan el sentido utópico de la soberanía alimentaria, pero es justamente este sentido el que cuestiona la lógica de producción y evidencia sus consecuencias, alentando a la búsqueda de alternativas productivas y una relación diferente entre los productores y los consumidores de alimentos en un contexto que promueve la homogenización de los saberes, sabores y sentires.

En este sentido, la soberanía alimentaria puede ser analizada a la luz de la reflexión teórica, pero también como estrategia política de desarrollo agroalimentario con fuerte participación social, teniendo como base una nueva territorialización funcional alineada con esquemas o prototipos alternativos de producción, distribución y consumo de alimentos. La generación de estos esquemas alternativos a los promovidos por los organismos internacionales, involucra el impulsar procesos de desarrollo, en los que es necesario poner a dialogar una diversidad de ciencias y prácticas empíricas.

Desde esta perspectiva, el análisis teórico debe acompañarse de la acción comunitaria para impulsar procesos de gestión de desarrollo en el los actores sociales deben desempeñar el papel protagónico (Sepúlveda, Rodríguez et al, 2003). Para lograrlo, se hace necesaria la instrumentación de procesos formativos de transformación que faciliten la participación e involucramiento comunitario en dos sentidos: 1) en el diálogo de saberes con su aportación de conocimientos y saber popular en el proceso de construcción del conocimiento colectivo; y 2) para con la acción social derivada de una voluntad y compromiso de transformación como resultado del análisis crítico de su realidad y problemática.

El desatar este tipo de procesos, requiere de recursos metodológicos que involucren a los actores sociales en la producción del conocimiento que facilite que las comunidades rurales dinamicen sus propios procesos de desarrollo y gestión de innovaciones, y con ello transformar la problemática del sistema alimentario de los territorios rurales.

Esta necesidad metodológica, hace voltear la vista hacia propuestas como la Investigación Acción Participativa IAP, la cual surge en América Latina en la década de los sesentas, en respuesta a la necesidad de una ciencia social para el desarrollo como un camino para la transformación social. Sus principales pensadores, Paulo Freire y Orlando Fals Borda rompen con el paradigma positivista de las ciencias sociales que privilegia el conocimiento científico sobre el conocimiento tradicional y plantean la generación de conocimiento como resultado de la interacción que se da entre dos sujetos que buscan comprender la realidad desde su complejidad con el fin de poderla transformar: el investigador y los actores sociales.

Con base en el paradigma crítico social este tipo de investigación vincula el eje del conocimiento con el eje de la acción, para que además de recabar información y proyectar resultados, se intervenga la realidad reflejada desde una perspectiva crítica para la acción transformadora (Ortiz, M., & Borjas, 2008).

Conclusión.

Rescatando los fundamentos de esta metodología, la propuesta es identificar un proceso formativo para la soberanía alimentaria, que sea replicable en diferentes contextos rurales, que además de favorecer el derecho a la alimentación de las familias de una comunidad, afecte de manera favorable el sistema agroalimentario territorial, fortaleciendo la identidad rural a partir del rescate y revalorización de saberes, la cultura y el patrimonio alimentario.

Referencias Bibliográficas.

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